Las ‘revelaciones’ de Charles Powell y el acuerdo aduanero
Las declaraciones de Charles Powell, director del Real Instituto Elcano, sobre el papel de Juan Carlos I en los años previos a la entrada de España en la Comunidad Europea distan mucho de ser una mera aportación académica. Se trata de una interpretación cargada de intencionalidad política, publicada en un momento cuidadosamente elegido: la fase final de la negociación del Acuerdo Aduanero sobre Gibraltar. Su efecto es evidente: condicionar el debate presente mediante una narrativa que pretende justificar retrospectivamente la presión británica y, con ella, la grave anomalía institucional que supuso trasladar al Rey la gestión de un asunto de soberanía que correspondía, de manera inequívoca, al Gobierno.
Hablar de “presión británica” no es una abstracción retórica. Es un patrón histórico constante, ejecutado con frialdad y cinismo. Cada vez que el Reino Unido se ha encontrado ante una amenaza existencial, no ha dudado en ofrecer a España la devolución de Gibraltar como moneda de cambio. Las reiteradas promesas directas de Winston Churchill a Francisco Franco entre 1940 y 1941, sobradamente documentadas en los archivos, son la prueba más elocuente. Londres ofreció negociar la retrocesión del Peñón a cambio de la neutralidad española. Superada la amenaza nazi, aquellas promesas fueron simplemente ignoradas. No fue un error diplomático: fue una estrategia deliberada.
Ese mismo patrón se reprodujo, con otros medios, en 1986. Culminó en la presión ejercida mediante el firme veto del gobierno de Margaret Thatcher, que instrumentalizó sin ambages la urgencia europea de España para forzar concesiones en Gibraltar. Aquella maniobra logró su objetivo: obligar al Gobierno de Felipe González a aceptar, además de la apertura de la Verja —base material de la prosperidad económica del Peñón—, una serie de compromisos informales imposibles de asumir públicamente. Para sortear ese límite, se desplazó el peso de la negociación hacia la Corona. El resultado fue doblemente dañino: una distorsión del equilibrio constitucional español y el enterramiento temporal de la cuestión de soberanía.
Tras el Brexit, Londres no solo ha perseverado en esta lógica, sino que la ha radicalizado, adoptando una actitud abiertamente desestabilizadora. Resulta, como mínimo, inquietante la coincidencia temporal y estratégica entre el proceso de salida británica de la Unión Europea y la escalada del Procés catalán. Desde la diplomacia (formal e informal ) británica, y desde el propio entorno gubernamental de Gibraltar, se alentó y se simpatizó de forma explícita con el independentismo catalán, convertido en una poderosa herramienta de presión contra España. A ello se suman contactos y sintonías documentadas entre el lobby gibraltareño y fuerzas nacionalistas y separatistas españolas defensoras del derecho de autodeterminación, en una peligrosa convergencia de agendas que fragmenta la unidad de acción de las instituciones españolas.
El objetivo final de esta estrategia es claro. Las actuales negociaciones aduaneras no son técnicas ni neutrales: son profundamente políticas. Buscan erosionar los fundamentos jurídicos e institucionales de la reclamación española, normalizar a Gibraltar como un tercer actor con legitimidad propia y, en última instancia, introducir en el imaginario europeo y español el espejismo de un supuesto “derecho a decidir” gibraltareño. Las consecuencias de este precedente, especialmente si se observa su conexión con los movimientos separatistas internos, serían devastadoras para la integridad territorial de España.
Ante esta ofensiva histórica, narrativa y diplomática, la pregunta que Powell obliga a formular es doble. En primer lugar: ¿por qué resurge ahora, con este tono y este enfoque, una reinterpretación del pasado que debilita objetivamente la posición española en el momento más delicado de la negociación del acuerdo aduanero y en un contexto de extrema debilidad política del Gobierno? Y, en segundo lugar, la pregunta más incómoda: ¿qué papel desempeña realmente Charles Powell al frente del Real Instituto Elcano? ¿El de un analista independiente o el de un transmisor de marcos conceptuales y relatos que, de forma sistemática y oportunamente sincronizada, coinciden con los intereses geopolíticos del Reino Unido?
Reescribir el pasado nunca es un acto inocente. Hacerlo desde un think tank de referencia estatal, en la hora decisiva del contencioso de Gibraltar, constituye una grave irresponsabilidad. España no puede permitirse, una vez más, pagar el precio de confundir la historia con la realidad.