El tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar ha dejado de ser un acuerdo internacional para convertirse en algo mucho más inquietante: un tratado secreto, deliberadamente sustraído al conocimiento público en España en un tema de especial sensibilidad política, mientras se acelera su aplicación práctica. No estamos ante una disfunción administrativa ni ante un retraso técnico. Estamos ante una estrategia consciente de opacidad, compartida por Londres, por el Gobierno de Gibraltar y, algo inaudito, por el Gobierno español.
Desde el punto de vista jurídico, la anomalía es evidente. El texto ya ha superado el llamado legal scrub, la revisión jurídica y lingüística que se realiza cuando el contenido del tratado está cerrado. Ya ha entrado en discusión formal en un grupo de trabajo del Consejo y se prepara su paso a COREPER, donde los representantes de los Estados miembros fijan sus posiciones. Existe por tanto un texto consolidado, que ya produce efectos jurídicos en la UE. Y, sin embargo, es un documento de alto secreto, sujeto a cauciones legales de confidencialidad. La razón no puede ser técnica: es su contenido, y cómo tratarlo.
El Gobierno de Gibraltar lo dice sin rodeos. Aspira a que el tratado se aplique, al menos provisionalmente, mediante atajos, el 10 de abril, coincidiendo con la entrada en vigor del sistema EES de control automatizado de fronteras. El objetivo es claro: evitar que los gibraltareños queden sometidos a los controles de Schengen y consolidar desde el primer día un régimen excepcional. Para ello, Gibraltar presiona para que el tratado sea calificado como “EU-only”, es decir, como acuerdo exclusivo de la UE, evitando así la ratificación por los parlamentos nacionales, y dejando fuera la intervención de las Cortes españolas.
El gobierno Sánchez podría así lavarse las manos ante un asalto sin paralelos a la posición jurídica española respecto a la descolonización de Gibraltar. Jurídicamente, esa calificación del acuerdo como “EU-only” es discutible, ya que afecta a la legislación Schengen. Políticamente, es una clara maniobra de conveniencia para acelerar el proceso y reducir los puntos de veto, favoreciendo la posición gibraltareña.
Lo verdaderamente escandaloso es el papel del Gobierno español. Mientras el Ejecutivo de Gibraltar aprueba el texto en su gabinete, lo explica artículo por artículo, informa a los sectores económicos y entrega una copia a la oposición, en España reina el silencio. El Congreso y el Senado no han recibido el texto, no conocen el calendario y no han podido ejercer ningún control. Este comportamiento no es neutral: favorece objetivamente la estrategia del Gobierno de Gibraltar y debilita la posición del Estado español en uno de los contenciosos más delicados de su historia contemporánea.
No es admisible refugiarse en tecnicismos. Cuando un tratado internacional afecta a fronteras, controles policiales, fiscalidad, aguas territoriales y al estatus institucional de un territorio cuya soberanía España reclama, estamos ante materias de identidad nacional constitucional. La opacidad en estos casos no es prudencia diplomática: es una renuncia al control democrático. El artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la UE exige que el Parlamento Europeo preste su consentimiento “con conocimiento de causa”. Pretender forzar los tiempos para llegar a abril con el tratado aplicado, pero sin debate público, es una forma de vaciar ese consentimiento de contenido real.
El déficit democrático es aún más grave si se atiende al fondo del asunto. Todo indica que el tratado consolida una institucionalidad propia de Gibraltar, reconocida de facto y, en la práctica, de iure. Se normaliza, y acepta por España, un control soberano funcional del istmo y de las aguas adyacentes por Gibraltar y el Reino Unido. Se reconoce a Gibraltar como sujeto político diferenciado en el espacio Schengen. Y se crea un marco estable que, sin decirlo explícitamente, legitima un derecho de autodeterminación implícito, algo incompatible con la posición histórica española y con el propio derecho internacional.
Nada de esto se está discutiendo abiertamente. Nada de esto se ha explicado a los ciudadanos. Y nada de esto ha sido sometido a debate parlamentario en España. La consecuencia es clara: el tratado nace con un vicio de origen democrático, impropio tanto de una democracia consolidada como la española como de una democracia parlamentaria como la británica. Y para España, no estamos ante actores de buena fe. Los contactos del Gobierno de Gibraltar con los partidos separatistas españoles son antiguos, documentables, y estratégicos. Gibraltar lleva décadas cultivando alianzas políticas internas en España que le permiten desbordar el marco diplomático clásico y operar en clave de influencia. Y esos lazos le dan un enorme poder en sus relaciones con el gobierno Sánchez, que depende, en último término, del voto de partidos como ERC o Bildu.
La conclusión es incómoda, pero inevitable. El Gobierno español no está actuando guiado por un interés nacional definido y coherente, sino por cálculos partidistas de corto plazo, por el deseo de evitar conflictos internos y por una preocupante complacencia ante la presión británica y gibraltareña. Un tratado que reorganiza la frontera más sensible de la UE no puede firmarse —ni aplicarse— en silencio. La prisa, el secreto y la opacidad no protegen la paz ni la convivencia: protegen al tratado de la democracia. Y eso, en un Estado de Derecho, es sencillamente inaceptable.
