Tras el Brexit, Gibraltar permanece en un limbo aduanero donde, a pesar de ser un territorio no perteneciente a la UE, no se aplican rigurosamente los controles fronterizos Schengen. Esta situación anómala permite a los gibraltareños cruzar sin restricciones y facilita irregularidades como el desvío habitual de vuelos a Málaga. El Peñón se beneficia de esta estrategia dilatoria, manteniendo privilegios europeos sin asumir obligaciones, mientras España y la UE continúan negociaciones sin establecer plazos límite. Según el texto, la única solución es que las autoridades españolas y europeas fijen una fecha definitiva para la aplicación completa de la normativa Schengen, obligando así a Gibraltar a negociar seriamente.
La situación fronteriza de Gibraltar es una anomalía jurídica dentro de la Unión Europea. Tras el Brexit, el Peñón quedó fuera de la Unión, en lo que debería haber significado la aplicación estricta del Código de Fronteras Schengen como parte de un tercer estado. Sin embargo, casi cinco años después, los controles siguen siendo laxos, los pasaportes gibraltareños no se sellan, y el aeropuerto de Málaga se utiliza como una pista auxiliar de facto para la colonia británica.
El caso del inspector jefe destituido por aplicar el sellado de pasaportes en la Verja es una muestra clara de la indefinición con la que España y la Unión han permitido a Gibraltar mantenerse en un cómodo limbo. La normativa Schengen es clara: los ciudadanos de terceros países deben someterse a controles de entrada y salida, con el consiguiente sellado de pasaportes, con vistas a controlar su estancia, 90 días cada semestre. Sin embargo, los gibraltareños han continuado cruzando libremente, simplemente con su documentación, sin que se registre su entrada y salida del territorio comunitario. Esto no solo incumple la legislación europea, sino que supone un enorme agujero en el control migratorio y fiscal. El problema de fondo es que Gibraltar ha desarrollado una estrategia negociadora basada en el chantaje y la dilación indefinida. Mientras las conversaciones entre el Reino Unido y la Unión se alargan sin plazo definido, el Peñón sigue beneficiándose de un statu quo que le permite operar como si siguiera dentro de la Unión.
El desvío de vuelos de Gibraltar a Málaga es un ejemplo de esta excepcionalidad tolerada. Aunque en teoría solo debería ocurrir en circunstancias meteorológicas extremas e imprevisibles, la realidad es que se ha convertido en una práctica recurrente. Aerolíneas como British Airways y EasyJet han desviado vuelos a Málaga en jornadas donde las previsiones climáticas dejaban claro en el despegue desde Inglaterra la inoperatividad de la pista gibraltareña tres horas después. En la práctica, esto implica que pasajeros de terceros países, gibraltareños o no, llegan a un aeropuerto español sin necesidad de someterse a los controles de pasaporte y visado que Schengen exige. Se asume sin más que todos estos viajeros continúan su viaje hacia Gibraltar, pero en la práctica no hay mecanismos efectivos para garantizarlo, lo que abre la puerta a irregularidades migratorias.
España y la Unión han permitido que esta situación excepcional se convierta en norma. En lugar de exigir un plazo límite a las negociaciones para un tratado aduanero, se han mantenido en una postura de negociación permanente que solo beneficia a Gibraltar. La estrategia británica es clara: mientras no se cierre un acuerdo definitivo, el Peñón sigue funcionando con los privilegios aduaneros de seguir en la Unión, sin asumir sus obligaciones. Este juego de resistencia es rentable para Gibraltar, ya que le permite mantener su atractivo como paraíso fiscal y plataforma de operaciones financieras.
La única manera de romper este impasse es forzar una fecha límite. Si el gobierno español y la Comisión Europea establecen un plazo concreto para la aplicación plena de Schengen en Gibraltar, obligarán al Reino Unido y al gobierno gibraltareño a negociar en serio. Esto significaría abordar cuestiones clave como el control aduanero español en la Verja, la equiparación fiscal con el resto de la UE y la normalización del tráfico aéreo. Mientras Gibraltar perciba que puede prolongar la situación indefinidamente, seguirá apostando por una estrategia de mínimos con la negociación y una estrategia de máximos con sus líneas rojas y su chantaje a los trabajadores transfronterizos. El tiempo juega a favor del Peñón. Cada día que pasa sin controles aduaneros es un día más de beneficios para su economía y de erosión para la posición negociadora de España y de la Unión. Gibraltar sabe que su mejor baza es la inacción de sus interlocutores y la aversión europea al conflicto. Si no se establece un punto de inflexión claro, el Peñón seguirá operando bajo un régimen excepcional que contradice el propio espíritu de Schengen.
Gibraltar ya no es parte de la UE. España y Bruselas deben decidir si quieren seguir tolerando una frontera permeable y una aduana ficticia o si, por el contrario, están dispuestas a exigir que se cumpla la normativa comunitaria. La solución no pasa por esperar a que Gibraltar ceda por voluntad propia: hay que forzar el momento de la decisión.
