España menguante

El Gobierno español, y muy singularmente el Ministerio de Asuntos Exteriores, trabaja activamente para hacer crecer a Gibraltar y menguar a la nación que tiene la sagrada obligación es proteger. Lejos de avanzar hacia la descolonización que la ONU reclama desde 1963, el acuerdo —como señala Fatás— afianza la posición de la colonia militar británica y mejora las condiciones económicas de su población, dañadas por el Brexit que el propio Reino Unido eligió. España tenía derecho de veto en Bruselas y renunció a usarlo. El ministro Albares, hinchado como un pavo, lo celebra: «Derribaremos la Verja, el último muro que queda en Europa». Obviamente miente. La verja del aeródromo, una instalación militar levantada sobre suelo usurpado, seguirá en pie. Los militares británicos, estadounidenses e invitados, cruzarán a España sin someterse a control alguno, mientras Gibraltar accede a Schengen y a la unión aduanera sin ser miembro de nada.

El territorio y las aguas, donde España siempre ha sostenido la tesis de la cesión condicionada de Utrecht, quedan a libre disposición de los intereses británicos. Y lo más grave: por primera vez en tres siglos España otorga a Gibraltar un papel institucional propio. Albares consintió que representantes de la colonia, que carece de todo estatuto internacional, se sentaran a negociar el tratado, y el 22 de abril recibió oficialmente a Picardo en el Palacio de Viana, equiparándole casi a un jefe de Estado. Como apunta Fatás, jamás un Gobierno español se había humillado tanto: un ministro español recibiendo de forma oficial y bilateral, en suelo nacional, a la cabeza visible de una colonia militar extranjera.

Que nadie se engañe sobre la reversibilidad de esto. En derecho internacional, los actos propios vinculan: cada recepción oficial, cada negociación admitida, cada precedente institucional concedido a Gibraltar construye un estoppel^[1] que ningún Gobierno futuro podrá deshacer sin un coste diplomático descomunal. Lo que Utrecht cedió en 1713 fue la propiedad sin soberanía de una plaza fuerte y su puerto, no más. Lo que la Moncloa regala en 2026 es el reconocimiento fáctico de una entidad de derecho internacional. Lo primero llevamos tres siglos reclamándolo; lo segundo no habrá quien lo reclame, porque lo habremos consentido nosotros. Porque, como concluye Fatás, contra lo que Albares y Picardo quieren hacernos creer mano a mano, Gibraltar es eso y no otra cosa: una colonia militar británica. Y Gibraltar es una ciudad española. Fracturada y dividida, pero española.