En medio de las negociaciones sobre el tratado aduanero entre España, Reino Unido y la Unión Europea, que supuestamente deben garantizar la protección medioambiental de las aguas españolas en torno a Gibraltar, se está produciendo un escándalo mayúsculo: el inicio de la segunda fase del proyecto urbanístico Eastside. Y lo más grave es que son empresas españolas las que están protagonizando, con la inacción de las instituciones y la Administración española, las obras que harán posible ese expolio.

Miles de toneladas de roca extraídas en canteras españolas están siendo arrojadas en aguas españolas por contratistas españoles, con total impunidad y sin reacción institucional. Como si nada ocurriera, grupos como Sotoval o Rover están colaborando activamente en la ejecución de un proyecto impulsado por el Gobierno de Gibraltar para ganar terreno al mar —territorio español— y levantar una gigantesca marina deportiva. Una agresión directa al medio ambiente, a la soberanía nacional y a los intereses de España.

El paralelismo con 1910, cuando se levantó la Verja en el Istmo, es inevitable. Hoy, más de un siglo después, se construye una nueva Verja, esta vez marítima, que va a cristalizar un espacio en el que el Reino Unido va a imponer por los hechos consumados una soberanía que no le corresponde. La diferencia es que ahora, además, se hace bajo la cobertura de unas negociaciones diplomáticas que solo sirven para dar tiempo al Reino Unido y a Gibraltar para consumar sus planes.

Los trabajos en el mar ya han comenzado: se están fabricando en el astillero de GibDock los cajones de hormigón que conformarán el rompeolas, y que serán transportados por flotación para ser hundidos en el lugar exacto donde España declaró, en 2008, un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), convertido en 2012 en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Estrecho Oriental incluida en la red Natura 2000. Como se hizo en 2013, destruyendo una zona pesquera mediante el lanzamiento, en aguas españolas, de grandes bloques de hormigón. Esa protección ambiental, que España consiguió con gran esfuerzo para frenar la codicia británica sobre las aguas territoriales españolas, ha quedado en papel mojado.

El proyecto Eastside arrancó en 2005, y desde el primer momento generó protestas del Gobierno español por su impacto ecológico, y por la invasión de aguas españolas. En 2013, incluso se llegó a prohibir la exportación de materiales de construcción desde España a Gibraltar. Pero en 2020, con la llegada de la Fundación TNG Global como nueva promotora, y después de un cambio de postura del nuevo Gobierno español, el proyecto resucitó. En 2022 recibió la aprobación de Gibraltar para continuar, sin ruido, sin debate público, y sin ninguna resistencia visible por parte de nuestras instituciones, su desarrollo. No se trata solo de un debate sobre soberanía. Está en juego la integridad de un entorno costero frágil, cuya conservación afecta también a las playas de La Línea y al equilibrio ecológico de la zona. El desarrollo proyectado incluye dragados, rellenos con grandes rocas, y la instalación de cajones de hormigón para crear un nuevo frente litoral. Las consecuencias medioambientales pueden ser irreversibles si no se actúa.

Hoy, la obra ya está en marcha. La costa protegida será sustituida por un puerto deportivo destinado al turismo de lujo. Y las empresas que lo construyen —Rover,  Sotoval— son españolas o tienen capital español. Lo que en su día fue un símbolo de firmeza, se ha convertido en un ejercicio de complicidad. España debe abordar esta cuestión con determinación, con claridad jurídica y diplomática. El respeto al derecho internacional, la defensa del medio ambiente y la coherencia institucional son incompatibles con una negociación diplomática que parece usarse como pantalla para ganar tiempo y avanzar en este tipo de  proyectos. Se abre paso una nueva Verja, por ahora sumergida en aguas españolas y al servicio de intereses privados. Pronto será una plataforma de la marina inglesa para consolidar nuevos avances en el istmo frente al aeropuerto. Mientras, nuestros responsables públicos callan. Si España no reacciona, pronto ya no quedarán aguas que defender.