Puigdemont y el castellano en América Hispana

En la América hispana, la Iglesia, a través de las órdenes religiosas, propagó el catolicismo entre los nativos. Para hacerlo, los frailes tuvieron que aprender las lenguas que hablaban sus pobladores y codificaron y crearon las gramáticas de estas lenguas, que no existían. La nobleza nativa aprendió la lengua castellana participando, junto con los españoles, en las funciones de gobierno y administración; es falso que al grueso de la población se le impusiera el castellano. Existía la voluntariedad de aprenderlo, y se enfrentaban a la realidad de un vasto territorio con diferencias de oportunidades entre las ciudades y el mundo rural.

Fue con la separación de España cuando las repúblicas hicieron obligatorio el español. Por lo tanto, Puigdemont falsea la historia por ignorancia impregnada de mala fe. Y lo dice él, que junto con todos los nacionalistas, los socialistas y la extrema izquierda, prohíben y excluyen el castellano de todas las áreas que dependen de la administración autónoma y local: aplican la exclusión del castellano en TV3 y en todos los ámbitos oficiales, ampliado de manera expresa al área educativa, impidiendo la escolarización en su lengua materna a los castellanoparlantes. En su delirio supremacista incluso impiden que se hable castellano en los patios de recreo y se niegan a aplicar las sentencias judiciales que fijan un 25% de enseñanza en castellano. La inmersión lingüística en lengua catalana implica, para los niños de lengua materna castellana, sufrir una dificultad y un retraso en el conjunto de su aprendizaje, y así lo muestran las estadísticas del rendimiento escolar.

Incluso aplican, en su delirio de manipulación social, multas lingüísticas por rotular los negocios en castellano, pero no así si están en otros idiomas.

Esa es la realidad que aplican los nacionalistas en Cataluña, y que los socialistas en el Gobierno de la Generalitat y los ayuntamientos defienden: exclusión total y absoluta del español.

Necesitamos que este abuso y discriminación sangrante sea conocido y denunciado por todos los españoles. Es una vergüenza que la UE lo declare ilegal y que en España los partidos mirenn para otro lado por su sumisión ante los nacionalistas.