La intervención del embajador Gómez Hernández ante el Comité de los 24 de Naciones Unidas el pasado 15 de octubre refleja un cambio de fondo en la política exterior española: el paso de la reivindicación a la acomodación. Al presentar el reciente acuerdo político de entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar como una “oportunidad de prosperidad compartida”, el gobierno español proyecta al mundo diplomático la imagen de un conflicto en vías de resolución negociada, no de una reclamación de soberanía aún abierta.
Desde más de una década, las resoluciones de la ONU llaman a una “solución negociada” entre el Reino Unido y España de la descolonización de Gibraltar, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes del territorio. Si el Comité de los 24 percibe que Madrid considera alcanzado ese objetivo, el proceso de descolonización podría ser visto como cerrado de facto. Nada en la declaración del embajador sugiere una voluntad de mantener viva la reivindicación soberana: al contrario, el énfasis está en la estabilidad, la cooperación transfronteriza y la mejora de la vida cotidiana en el Campo de Gibraltar.
Este desenfoque no ocurre en el vacío. La Unión Europea desempeña un papel central en esa redefinición. Desde la salida de Gibraltar de la UE, y sobre todo después del entendimiento hispano-británico de 31 de diciembre de 2020, Bruselas ha actuado como protagonista en un tema, un acuerdo aduanero, de competencia comunitaria, pero en la práctica ha promovido una posición “imparcial” entre un Estado miembro (España) y un tercer Estado (Reino Unido). Esa neutralidad, aparente o real, constituye un precedente peligroso. La UE no busca resolver el contencioso, sino estabilizarlo. La prioridad europea es mantener la integridad del espacio Schengen, y asegurar la fluidez económica en el entorno del Peñón, aunque eso suponga consolidar el statu quo colonial.
En paralelo, dentro de España emerge una corriente que converge con la lógica europea. Sectores de la izquierda radical, algunos de ellos parte del gobierno, del nacionalismo separatista, algunos de los cuales apoyan al gobierno, y de una parte de la prensa de izquierdas defienden que la reclamación de soberanía es un vestigio anacrónico del pasado imperial y que lo “moderno” es reconocer la autodeterminación de los gibraltareños. Esta corriente no es en absoluto marginal: El gobierno depende de esos apoyos parlamentarios, que no debemos olvidar tienen una relación directa y documentada con el gobierno de Gibraltar. Además, coincide con la narrativa comunitaria de “gestión pragmática” y con el desinterés de una opinión pública cada vez más alejada de los principios de soberanía nacional.
La combinación de ambos procesos, la despreocupación europea y la renuncia española, podría desembocar en un cierre silencioso del expediente de Gibraltar. Sin ruptura formal, sin renuncia explícita, sin debate parlamentario. Bastará con que el Comité de los 24 interprete que el acuerdo político negociado respecto a las relaciones entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar representa la solución definitiva. Con el riesgo siempre presente de la salida de Gibraltar de la lista de territorios pendientes de descolonización.
España habría pasado, si pierde el cimiento esencial de la legitimidad diplomática de su reivindicación, de la reclamación histórica a la coexistencia perpetua. Y el acuerdo habrá consagrado, para la Comisión y para el gobierno Sánchez, un principio inquietante: que la descolonización puede sustituirse con la integración económica, y la soberanía con la prosperidad compartida.
