Hemos vivido en el Congreso, el 8 de octubre de 2025, un nuevo acto de la obra que se está representando desde hace años. El ministro Albares compareció para vender como logro histórico lo que en realidad es una cesión diplomática sin precedentes: la legitimación de un territorio británico en suelo español, con jurisdicción gibraltareña reconocida, y con acceso libre al Mercado Único. Gibraltar gana, Londres brinda, Bruselas sonríe y Madrid aplaude.
Se nos dice que la Verja “cae”, pero lo cierto es que sólo cae para un lado. Los gibraltareños y británicos residentes podrán entrar y salir a placer, mientras los trabajadores españoles seguirán cruzando cada día en un régimen que combina las desventajas del peonaje, casi un apartheid, con las promesas de un incierto futuro de equiparación que nadie cree.
España, generosa como siempre, asumirá las diferencias en paro, servicios médicos y educativos, y sobre todo pensiones, mientras Gibraltar continúa recaudando los impuestos de los transfronterizos, y ofreciendo el refugio fiscal y jurídico de siempre a las empresas y capitales españoles.
Los agentes españoles harán los controles Schengen, sí, pero los gibraltareños controlarán la documentación y los visados y decidirán sobre quién entra. En territorio español. Y para colmo, se blanquea un “pseudo IVA” y unos impuestos especiales mínimos que dejan intactos los verdaderos pilares del paraíso financiero: los bufetes, los seguros, el puerto, las banderas de conveniencia, las inversiones urbanísticas a través del Gibraltar Savings Bank.
A cambio, España obtiene el privilegio de seguir enviando trabajadores para consolidar la prosperidad de Gibraltar, y el consuelo de que, al menos, se podrá controlar el tráfico de paquetes de Amazon. Pero se consagra, por la vía europea, la soberanía británica y la jurisdicción gibraltareña sobre el istmo y las aguas que nos arrebataron.
Se dirá que es un acuerdo “pragmático”, que mejora la vida en la frontera. Puede que así sea para unos miles de españoles, quizás no más de 10.000 familias. Pero también es la primera vez que España, de forma oficial, acepta una frontera que nunca reconoció, y legitima una colonia que siempre ha pretendido descolonizar. Si este es el precio del pragmatismo, entonces lo que hemos perdido no es una negociación: es la noción misma de defensa de la soberanía española. Y esperemos que no se empiece a hablar de pragmatismo con Melilla o la sharia.
