Por un lado, Gibraltar promueve un importante proyecto urbanístico que infringe las aguas territoriales de España y además utiliza para ello piedra procedente de Andalucía. Por el otro, entre enero y marzo de 2025, Gibraltar ha desviado al aeropuerto de Málaga 35 vuelos con 5.000 pasajeros que luego, acorde al destino original del vuelo, deberían de transitar por España sin haberles sido aplicado el convenio de Schengen, mientras se dirigen por carretera hacia Gibraltar.

Es preocupante que el Reino Unido trate a España como si fuera una nación en vías de desarrollo, con la colaboración y aprobación del propio Gobierno. La cuestión de Gibraltar no solo no se solucionará, sino que se complicará significativamente si no se exige respeto tanto en los asuntos menores como en los mayores.

Cabe recordar que la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es un acuerdo vinculante únicamente para las naciones que lo han ratificado. España lo hizo con una reserva sobre Gibraltar basada en el Tratado de Utrecht, por lo que ni Gibraltar ni el Reino Unido pueden invocar la Convención para reclamar aguas territoriales de Gibraltar.

Por otro lado, Estados Unidos no ratificó el Convenio, pero procura cumplirlo, conscientes de sus intereses estratégicos, mientras que China lo ratificó, pero no lo cumple, especialmente en el Mar de China Meridional, que considera propio. En conclusión, para las naciones más poderosas, la ley se basa en la fuerza, como pretende el Reino Unido que suceda con su colonia.