El Instituto Cervantes, institución pública dedicada a la promoción de la lengua y cultura españolas en el mundo, sustenta gran parte de su actividad docente en la figura del profesor colaborador.
A pesar de su contribución esencial, al impartir más del 70 % de las horas lectivas en los centros del Instituto Cervantes en el mundo, los profesores colaboradores se enfrentan a condiciones laborales precarias, pues son contratados bajo acuerdos temporales en los que carecen de prestaciones sociales básicas como cobertura médica, seguridad social, derecho a vacaciones pagadas, bajas por maternidad o paternidad, o indemnizaciones por despido. En muchas ocasiones, se los sitúa en una posición de falsos autónomos aprovechando su ambigua ubicación en el ámbito internacional, siendo esta una figura ilegal en España.
Esta situación contrasta notablemente con las partidas económicas que el Instituto Cervantes posee para actividades culturales y diplomáticas diversas. Mientras estas se llevan a cabo, los profesores colaboradores soportan jornadas laborales irregulares, salarios bajos y la incertidumbre de contratos temporales que pueden ser rescindidos sin previo aviso, despidos que se han dado cuando se han atrevido a denunciar su situación.
Imagen promocional para la formación de docentes en el Instituto Cervantes de Hamburgo.
Cabe recordar que la utilización de falsos autónomos es una práctica ilegal en España, en donde las empresas que incurren en esta infracción pueden enfrentar sanciones económicas significativas y la obligación de regularizar la situación laboral de los afectados, como ha sucedido en casos recientes en otros sectores.
La dependencia del Instituto Cervantes en la figura del profesor colaborador no solo vulnera los derechos laborales de estos profesionales, sino que también compromete la calidad de la enseñanza del español en el extranjero. Así bien, es común que, ante estas ocasiones, los alumnos tengan varios profesores titulares durante el curso, sin existir una planificación adecuada, lo que merma la calidad de la enseñanza y del aprendizaje en un momento en el que surgen fuertes competencias para la enseñanza y la certificación del nivel de español.
Es imperativo que la institución revise y regularice las condiciones laborales de todo su personal docente, garantizando contratos laborales que cumplan con la legalidad española vigente y reconozcan la importancia de su labor en la difusión de nuestra lengua y cultura, como paso básico para asegurar que el Instituto Cervantes sea el referente de la enseñanza y la promoción de nuestro idioma en el mundo.
La divulgación de la lengua española en todo el orbe no puede sustentarse en la explotación de quienes lo enseñan. Es responsabilidad del Instituto Cervantes asegurar condiciones laborales dignas y legales para todos sus profesores.
