Hay un hilo que recorre medio siglo de política exterior española y que hoy encarnan Pedro Sánchez y José Manuel Albares: la convicción, cultivada en cierta diplomacia de inclinación progresista, de que los contenciosos de soberanía se resuelven cediendo. No defendiendo: cediendo, y llamándolo modernidad, distensión o realismo.
El patrón se repite en cada punto caliente. Gibraltar, donde el último acuerdo consolida la anomalía colonial en lugar de encaminar su fin. Las aguas saharianas y el propio Sáhara, donde en 2022 Sánchez rompió por carta cuatro décadas de neutralidad española y respaldó la tesis marroquí sin contrapartida visible, para irritación de Argelia y del propio Parlamento. Las Salvajes, cuya delimitación de aguas con Portugal se prefiere no mencionar siquiera. Y, al fondo, Ceuta y Melilla, sobre las que empieza a planear la tentación del «modelo Gibraltar«.
Cerrado el Tratado UE-Reino Unido sobre Gibraltar, hace sólo tres semanas, cuando ya las redes empezaban a arder con las llamadas a asaltar Ceuta (vaya casualidad, ¿no?) cabe una pregunta incómoda: ¿y si Albares, y su entorno en Exteriores, estuvieran ya trabajando, lejos de todo foco, para replicar la fórmula en el sur? El tratado de Gibraltar, que Sánchez y Albares presentan como un «triunfo«, consagra un método: disolver la frontera, rebajar lo militar, crear zonas aduaneras compartidas, externalizar el control Schengen, que, trasladado a Ceuta y Melilla mediante un pacto hispanomarroquí, tendría un nombre distinto: erosión de la soberanía.
El esquema sería reconocible. Una unión aduanera de ambas ciudades con su área marroquí circundante. La supresión de la valla como «modernización» fronteriza. Un control Schengen ejercido a la salida de Ceuta y Melilla, no en su perímetro terrestre. Y, con el tiempo, la desmilitarización, presentada como gesto de confianza. Cada pieza, vendida como progreso diplomático; el conjunto, un vaciamiento del carácter plenamente español de las dos ciudades.
La diferencia jurídica de base con el caso de Gibraltar es abismal, y por eso el paralelo es tan peligroso. Conforme a la legalidad internacional, Gibraltar es una colonia pendiente de descolonización; Ceuta y Melilla, territorio español de pleno derecho. Aplicarles un tratado de «soberanía difuminada» no descolonizaría nada: abriría una brecha donde hoy no la hay, convirtiendo un derecho consolidado en objeto de negociación.
El error es de base, y es ideológico antes que táctico. Se ha instalado la idea de que reivindicar lo propio es un anacronismo y que la generosidad unilateral compra respeto. La experiencia demuestra lo contrario: cada cesión no cierra un contencioso, lo desplaza y engorda el siguiente. Marruecos no ha respondido al giro saharaui aflojando su presión sobre Ceuta; la ha aumentado, porque ha aprendido qué clase de interlocutor tiene enfrente. Y el Tratado UE-Reino Unido sobre Gibraltar le ha mostrado hasta dónde ese interlocutor es capaz de llegar.
Un Estado serio negocia desde la firmeza y cede, si acaso, a cambio de algo. La escuela que hoy gobierna Exteriores parece creer que ceder es, en sí mismo, una forma de política. No lo es. Es la manera más segura de convertir derechos consolidados en fichas sobre un tablero donde siempre juega el otro. Y España, punto por punto, va perdiendo las suyas.
