El acuerdo entre la Comisión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar del 11 de junio confirma lo que muchos temían: Bruselas ha actuado como un mero gestor técnico de intereses sectoriales, no como garante de los principios europeos. La Unión se ha limitado a defender dos cosas: la integridad del mercado único y su relación privilegiada con Londres. Todo lo demás —la solidaridad entre Estados miembros, la coherencia jurídica, e incluso sus propias competencias territoriales— ha sido sacrificado en el altar del pragmatismo cortoplacista. El ministro de exteriores británico ha llegado al extremo de permitirse declarar, en los Comunes, que «El Reino Unido y la UE acordaron una cláusula que ‘protege explícitamente‘ la soberanía británica sobre Gibraltar«
La Comisión ha cumplido su papel de vigilante del mercado único con celo burocrático. El acuerdo asegura una «unión aduanera a medida«, elimina distorsiones comerciales y blinda el flujo de mercancías a través de Gibraltar. Hasta ahí, todo bien. Pero este rigor técnico contrasta con su pasividad ante lo esencial: Gibraltar sigue siendo un enclave extracomunitario en suelo europeo, incluyendo un papel militar clave ajeno a la defensa europea, con un régimen fiscal opaco, derechos laborales de segunda para los españoles y una jurisdicción que la Unión tolera sin cuestionar.
Lo grave no es lo que el acuerdo regula, sino lo que ignora. La Comisión ha priorizado: (1) Evitar fugas en el mercado único (control de mercancías, armonización fiscal parcial), y (2) mantener a Londres contenta (sin tocar soberanía, bases militares o aguas territoriales). A cambio, ha dejado en la cuneta la explotación laboral de los trabajadores transfronterizos, con pensiones un 40% más bajas, sin acceso a los beneficios sociales de Gibraltar, y contratos basura. Además, ha rubricado el parasitismo fiscal gibraltareño, que seguirá drenando recursos del Campo de Gibraltar, y ha dejado en el aire la sensación de una contradicción flagrante: ¿Cómo puede la Unión exigir lealtad a sus normas mientras acepta que un territorio dentro de Europa las esquive a placer?
La Unión exige a España sumisión absoluta en déficit fiscal, libertad a la inmigración o limitaciones en la estrategia energética, pero le niega el mismo apoyo cuando se trata de defender su integridad territorial. Los tratados —tanto el TUE como el TFUE— hablan de «integridad territorial» y de «competencias exclusivas«, pero Bruselas las aplica solo cuando conviene. El mensaje es claro: los intereses de Alemania, Francia o los países nórdicos (que priorizan la relación con el Reino Unido) pesan más que los de un Estado del sur. Gibraltar es el síntoma de una enfermedad mayor: la Europa de los mercaderes ha triunfado sobre la Europa de los principios, y Europa está perfectamente dispuesta a sacrificarlos cuando sea necesario obtener una ventaja para ciertos intereses nacionales y de algunas grandes plazas financieras.
Si la Unión es incapaz de defender sus competencias en un territorio europeo bajo el control militar de un tercer estado, ¿qué valor tiene? Si Bruselas negocia con terceros países mejor que con sus propios miembros, ¿dónde queda la solidaridad? Gibraltar no es ya un problema español; es un test de la credibilidad europea, a la confianza en los principios de avanzar en el proceso de integración europea emprendido con la constitución de las Comunidades Europeas una política exterior y de seguridad común que incluya la definición progresiva de una política de defensa común, respetar las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial. Y hoy, la UE ha suspendido. No por lo que hizo, sino por lo que omitió en aras de intereses nacionales particulares: proteger a un estado miembro frente a terceros.
