El PP y el cálculo político: bloqueo de la denuncia del Inspector de La Línea

agosto 2, 2025

Álvaro Montesino Lloret

La postura del Partido Popular respecto a Gibraltar revela una contradicción política que merece ser señalada. Mientras critica con dureza al PSOE por votar a favor de sacar a Gibraltar de la lista europea de paraísos fiscales, argumentando que ello “debilita la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, y va en contra del interés común de los Estados miembros,”^[1][2] paradójicamente bloqueó en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo una investigación sobre el presunto incumplimiento sistemático del Código de Fronteras Schengen en la frontera de La Línea por parte del Gobierno español.

El doble rasero del PP

En julio de 2025, cuando el Parlamento Europeo aprobó sacar a Gibraltar de la lista de jurisdicciones de alto riesgo de blanqueo de capitales, los eurodiputados del PP se opusieron firmemente. Isabel Benjumea, eurodiputada del PP, denunció que la decisión era “precipitada, injustificada y muy perjudicial para los intereses fiscales y económicos de España.” Sostuvieron que Gibraltar mantiene prácticas fiscales opacas y estructuras que facilitan la evasión y elusión fiscal,^[3] calificándolo de paraíso fiscal.^[4]

Sin embargo, ese mismo partido se alineó con socialistas, verdes y liberales para bloquear la investigación de la denuncia presentada por el inspector jefe del puesto fronterizo de La Línea. Este inspector, suspendido durante meses por aplicar correctamente el Código Schengen a los ciudadanos gibraltareños, denunció que se le ordenaba verbalmente no realizar los controles obligatorios,^[5] permitiendo la entrada sin los controles legales.

Si se aplicara el mismo argumento que el PP usa para criticar la retirada de Gibraltar de la lista de paraísos fiscales, el bloqueo de la denuncia del inspector debería considerarse también como un debilitamiento de la lucha contra el fraude y el blanqueo, atentando contra el interés común europeo. En ambos casos, Gibraltar y su relación con la normativa europea están en juego, con riesgos de trato preferencial que afectan la aplicación uniforme del derecho europeo.

Competencia desleal, un argumento central

El PP ha insistido en que Gibraltar genera competencia desleal^[6]^[7] para el Campo de Gibraltar. Señalan que mientras este sufre la competencia ilegal y lucha contra mafias, Gibraltar se beneficia de sectores como el juego y evita responsabilidades fiscales. Esta misma lógica se refleja en la frontera: la aplicación deficiente del Código Schengen crea un privilegio para Gibraltar que distorsiona la igualdad y uniformidad normativa.

Incoherencia política y cálculos partidistas

La diferencia fundamental entre ambos casos radica en el contexto político. Criticar al PSOE por la lista de paraísos fiscales no supone un coste político para el PP y le permite mostrarse como defensor de España. En cambio, apoyar la denuncia del inspector de La Línea podría haberle supuesto enfrentarse a la demonización habitual del Gobierno Sánchez, acusado frecuentemente de etiquetar como “ultraderecha” a sus opositores. Además, podría abrir investigaciones incómodas para gobiernos españoles pasados y futuros.

Así, el PP prioriza sus cálculos partidistas sobre la coherencia en la defensa de los intereses nacionales y los principios europeos. Cuando le conviene, defiende la aplicación estricta del derecho; cuando implica riesgos políticos, opta por el silencio.

La ironía es que, al bloquear esta investigación, el PP contribuye al debilitamiento que denuncia, facilitando el trato preferencial a Gibraltar. La misma justificación que usa para criticar al PSOE se aplica, sin cambios, a su propia actitud.

Este doble rasero expone no sólo la inconsistencia en el discurso del PP, sino la manera en que los intereses partidistas pueden imponerse sobre los principios que proclaman defender.