La intervención del embajador español ante la ONU el 15 de octubre marca un giro histórico en Gibraltar: España abandona la reivindicación de soberanía para presentar el acuerdo UE-Reino Unido como «prosperidad compartida«. Si el Comité de Descolonización interpreta que el conflicto está resuelto, Gibraltar podría salir de la lista de territorios pendientes sin debate parlamentario. La UE actúa como «neutral» entre Madrid y Londres, priorizando estabilidad sobre soberanía. Sectores de izquierda y nacionalismos que apoyan al gobierno coinciden con esta narrativa «pragmática«. España podría perder silenciosamente su legitimidad diplomática histórica.

El 8 de octubre de 2025, el Congreso vivió un momento histórico: el gobierno español presenta como éxito el acuerdo que legitima la jurisdicción británica en Gibraltar y permite su acceso al Mercado Único. La verja “cae” pero principalmente para Gibraltar, mientras los trabajadores españoles mantienen un régimen desigual. España asume diferencias sociales y fiscales, pero Gibraltar retiene beneficios y control migratorio. Se consagra así la soberanía británica sobre el istmo y las aguas. Cuestiona la tradicional defensa de la soberanía española, pero será calificado como «avance pragmático«.

El reciente 40 aniversario de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar evidenció la victoria diplomática del Peñón frente a España. Gibraltar ha conseguido eliminar controles aduaneros, libre circulación sin Schengen, reconocimiento como entidad internacional autónoma y uso de mano de obra española sin obligaciones fiscales, manteniendo intacta la soberanía británica. España, por su parte, obtiene beneficios comarcales mínimos mientras cede derechos históricos. Crece la sospecha de que élites políticas y económicas españolas se benefician de conservar Gibraltar como enclave financiero opaco. La llamada «prosperidad compartida» parece encubrir intereses particulares bajo el disfraz del pragmatismo.