Artículo publicado originalmente en Europa Sur el 21 de mayo de 2026.
El futuro tratado de Gibraltar no sólo despierta dudas, críticas y expectativas en los ciudadanos del Campo de Gibraltar, especialmente los linenses. También los expertos en Derecho Internacional y veteranos diplomáticos que más conocen en profundidad el problema -y que más han estudiado el documento- afrontan con incertidumbres y reproches la aplicación de un enrevesado documento compuesto por 366 artículos, 43 anexos, protocolos, apéndices y notas a pie de página. Así lo expresaron durante la mesa redonda El acuerdo de Gibraltar en clave jurídica, organizada en el Centro de Interpretación Paco de Lucía por Europa Sur, la Academia de la Diplomacia del Reino de España y el centro asociado de la UNED en el Campo de Gibraltar, con la colaboración de las universidades de Sevilla y Valencia y el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo. Participaron los embajadores Rafael Fernández-Pita y José Antonio Yturriaga, así como los profesores de Derecho Internacional Público Jesús Verdú y Ana Cristina Gallego y el catedrático emérito Pablo Antonio Fernández. Todos coincidieron en que el acuerdo abre un escenario inédito tras el Brexit y que, en mayor o menor medida, supone «una oportunidad histórica perdida» de haber logrado una normalización del territorio sin una cesión excesiva de competencias y sin dejar a un lado del todo la reivindicación de la soberanía por parte de España. Las intervenciones abordaron desde la cooperación policial y judicial hasta el control fronterizo, el encaje del tratado en el derecho europeo, la libre circulación de personas y mercancías o las consecuencias medioambientales para el Campo de Gibraltar, en un tono marcado por la preocupación jurídica y política sobre el alcance real del texto negociado entre la Unión Europea y el Reino Unido.
Un momento de la mesa redonda. / Erasmo Fenoy
Rafael Fernández-Pita, presidente de la Junta de Embajadores de la Academia de la Diplomacia, introdujo la mesa redonda con una disertación sobre la cooperación policial y judicial establecida en el tratado. Para ello la comparó con la que se alcanzó con el compromiso diplomático que España y Reino Unido firmaron el 19 de abril de 2000, de cuya negociación participó. Aquello sirvió para que Londres estableciera una oficina para recibir y transmitir comunicaciones hacia y desde Gibraltar a países europeos, principalmente España. Además, recordó, hasta entonces en los documentos de identidad gibraltareños sólo aparecía la palabra ‘Gibraltar’.
La diplomacia española consiguió que se añadiera ‘Reino Unido’ para preservar su reivindicación sobre la soberanía. Pero, como ha ocurrido ahora, esa soberanía no se llevó directamente a discusión. «No queríamos que posibles pequeñas victorias y derrotas afectaran a esa aspiración«, dijo. En general, el acuerdo alcanzado ahora, a juicio de Fernández-Pita, profundiza en aquel compromiso y detalla mucho más cómo se establecerá esa cooperación policial y judicial, con listas concretas de delitos, una estructura de funcionarios de enlace y vigilancia continuada y regulada del territorio que «tendrá que ser desarrollada en un futuro«. El principal triunfo de Reino Unido es haber logrado acceso a Europol, que supone «un arma de lucha contra el crimen impresionante» que el Brexit le había arrebatado.
El doctor José Antonio Yturriaga fue embajador en Irak, Irlanda, Rusia y la ONU, así como de la misión especial para el Derecho del Mar. También fue jefe de la Asesoría Jurídica Internacional y secretario general técnico del Ministerio de Exteriores. Con ese aval se mostró muy crítico con el proceso por el que se ha llegado al acuerdo de Gibraltar. Y con su resultado. En su opinión ya el Acuerdo de Nochevieja y los memorandos de entendimiento en los que se apoyaba «sólo deparaban beneficios para la parte británica». Con ese antecedente, España acabó por «autoexcluirse» de la negociación sobre Gibraltar y, además, sin informar a las Cortes ni a la opinión pública de lo que se trataba.
Rosario Arias Molina da la bienvenida a los asistentes en nombre de la UNED.
Rosario Arias Molina da la bienvenida a los asistentes en nombre de la UNED. / Erasmo Fenoy
«España ha hecho siempre esfuerzos para darle una salida airosa a Reino Unido sobre Gibraltar pese a tener el apoyo de la ONU. Con el Brexit se produjo una «coyuntura superfavorable» que España, en su opinión, desechó. «Gibraltar se había quedado agarrado a una brocha» y el Gobierno de Pedro Sánchez no aprovechó la ventaja. En algunos casos, la Comisión Europea (CE) adoptó una postura más favorable a España y que sus propios negociadores. Yturriaga considera que, aunque la CE lo considera un acuerdo exclusivo (y por tanto sólo requiere el visto bueno del Consejo y el Parlamento Europeo), es en realidad un acuerdo mixto que abarca materias que de las que deben decidir los parlamentos de los estados. El acuerdo es, en su opinión, «un bodrio» repleto de «irregularidades» y con varios «errores en la negociación«. Por ejemplo, que España haya aceptado la soberanía británica sobre el istmo, que no fue cedido por el Tratado de Utrecht, lo que evidencia la «falta de interés del Gobierno«.
La profesora titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Sevilla Ana Cristina Gallego abundó en todos esos asuntos del tratado. La profesora se preguntó si se crean «algunas lagunas al verlo desde un plano teórico«, pero considera que hacerlo así sirve para «equilibrar la vehemencia» con que se realizan algunas opiniones. Según las directrices que marcó el Consejo Europeo en 2017, recordó, ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido podría aplicarse en Gibraltar sin el consentimiento de España. Sin embargo, esto no se plantea en el tratado. «¿Podemos dejar que la UE y Reino Unido lleven a cabo una regulación exhaustiva?«, afirmó en referencia al inabarcable número de asuntos que afectan al día a día de un territorio español como el Campo de Gibraltar. «Nos podemos sentir como el adolescente controlado por el padre metomentodo«, dijo. Pero, la UE puede moverse por donde le permitan sus estados miembros, que le transfieren esas competencias, esos poderes, como han hecho en otras ocasiones. El quid de la cuestión está, entiende, en por qué no quiere España firmar el acuerdo. Por qué la Comisión Europea ha preferido designar el tratado como un acuerdo exclusivo y no mixto, como debería haber sido.
«Es una falta de rigor, pero a veces esta elección se hace intentando evitar otros problemas jurídicos más importantes«, explicó. Porque al final, si se somete a todos los parlamentos, el texto podría quedar bloqueado, tan sólo si un estado miembro lo rebatiera. Piensa, la profesora Gallego, en Francia, Países Bajos o Bélgica, «que son muy exquisitos con según qué temas», o «Hungría y Polonia, que con toda seguridad van a acabar poniendo piedras en este camino«. «No tenemos un acuerdo perfecto. Implica muchos riesgos, mucha imprecisión y mucha inseguridad, sobre todo para España, pero ¿prorrogamos un problema de 300 años y que cada vez irá a peor?» «Yo abogo por intentar ver el vaso medio lleno«, añadió, «una vez que asumamos que hemos perdido esta batalla, lo más sensato es estudiar lo que se ha hecho bien y mal e intentar más firmeza en los acuerdos internacionales administrativos que vamos a tener que negociar todavía.»
El catedrático emérito de Derecho Internacional Público de la Universidad de Sevilla, Pablo Antonio Fernández Sánchez, advirtió de las “deficiencias” y riesgos jurídicos que, a su juicio, plantea el futuro tratado, especialmente en materia de control fronterizo, libre circulación de personas y mercancías y competencias cedidas a órganos de coordinación.
Durante su intervención, defendió que, independientemente del nombre que reciba el acuerdo, “si es un acuerdo celebrado por escrito entre sujetos de derecho internacional, entonces es un tratado”. Subrayó además que el objetivo principal del texto era “la eliminación de las barreras físicas para el cruce de fronteras” mediante pasos fronterizos en el aeropuerto y el puerto de Gibraltar vinculados al espacio Schengen. Fernández Sánchez mostró su preocupación por el sistema previsto de controles, que situaría un primer filtro en manos de las autoridades gibraltareñas y un segundo control europeo ejecutado por España. Alertó de que Gibraltar podría decidir sobre inmigrantes irregulares o solicitantes de asilo antes de que interviniera la Unión Europea y advirtió de la enorme responsabilidad que asumiría España, ya que, tras el control, esas personas podrían circular libremente por el espacio Schengen.
También consideró significativo que el tratado contemple la posibilidad de restablecer controles temporales por razones de seguridad o salud pública. “La verja va a estar fluida, pero no va a caer”, afirmó, al entender que las infraestructuras fronterizas seguirán siendo necesarias.
El jurista criticó igualmente la creación de un Consejo de Coordinación con amplias competencias y destacó que, según el texto analizado, las reuniones serían en inglés, un idioma no oficial de la UE. Además, expresó dudas sobre el régimen previsto para ciudadanos de terceros países residentes en Gibraltar y sobre las excepciones aplicadas al personal militar británico, sus familiares e invitados, que, según señaló, podrían acceder a territorio Schengen “sin control”. En materia económica, explicó que la libre circulación de mercancías continuará en un periodo transitorio complejo y llamó la atención sobre la inclusión expresa del puerto de Sagunto en el tratado por su papel como centro logístico de vehículos Toyota destinados a Gibraltar y posteriormente redistribuidos, en muchos casos, hacia organizaciones humanitarias y países africanos.
Fernández Sánchez también se refirió a la llegada desde España de áridos utilizados en Gibraltar y aseguró que existe un “entramado jurídico” muy difícil de interpretar. Sobre el tabaco, consideró positivo que el acuerdo contemple una fiscalidad mínima para combatir el contrabando. “Me limito simplemente a señalar el problema”, concluyó.
El profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Cádiz y director general del Campus Bahía de Algeciras, Jesús Verdú, aseguró que el futuro tratado sobre Gibraltar supone “una regresión importante” en materia medioambiental y lamentó que se haya perdido “una oportunidad única” para normalizar las relaciones transfronterizas tras el Brexit.
Verdú defendió que las cuestiones ambientales son esenciales para el Campo de Gibraltar por su impacto sobre la salud pública y recordó que la comarca presenta algunos de los peores indicadores de esperanza de vida y enfermedades vinculadas a la contaminación en España. También destacó la relevancia de los espacios marinos protegidos de la bahía y advirtió de que el medio ambiente “siempre es un elemento distorsionador en las relaciones transfronterizas”.
El profesor consideró que la salida del Reino Unido de la Unión Europea había generado “un momento único en 300 años de historia” para redefinir las relaciones con Gibraltar gracias al derecho de veto del que disponía España en la negociación. A su juicio, existían además elementos que invitaban al optimismo, como el protocolo del acuerdo de retirada del Brexit, que apostaba por utilizar el derecho europeo como marco normativo común y contemplaba la creación de un organismo específico para abordar los problemas medioambientales.
Sin embargo, tras analizar el texto del tratado, aseguró haber encontrado un escenario “preocupante”. Criticó que las cuestiones ambientales quedaran relegadas a un apartado de economía y comercio y reprochó que el acuerdo apueste por declaraciones genéricas sobre cambio climático o desarrollo sostenible mientras deja sin resolver los problemas concretos de la comarca.
Verdú señaló especialmente el artículo 219 del tratado, que, según explicó, permite que “cada uno haga lo que quiera” al reservar a cada parte la capacidad de fijar sus propias políticas y niveles de protección ambiental. “Jurídicamente es un importante retroceso”, afirmó, al recordar que ya existían conflictos medioambientales incluso cuando Gibraltar y España compartían plenamente el marco jurídico europeo.
También lamentó la ausencia de mecanismos estables de cooperación y denunció que las administraciones locales y autonómicas con competencias ambientales hayan quedado fuera de la estructura prevista. Según indicó, el tratado tampoco ofrece soluciones claras para problemas como los vertidos de aguas residuales de Gibraltar, el bunkering, la seguridad marítima en el Estrecho o la protección de los espacios marinos.
El profesor mostró además su decepción por la falta de referencias a los rellenos al mar, pese a que el mandato negociador sí contemplaba esa posibilidad. Recordó que estas actuaciones tienen un fuerte impacto sobre el litoral, las playas, la pesca y el turismo, y aseguró no comprender “cómo España, con esa capacidad privilegiada de negociación, no ha impuesto” una regulación específica basada en estudios de impacto ambiental transfronterizo.
Verdú concluyó afirmando que la lectura del tratado le generaba “incertidumbres, dudas y preocupaciones” tanto sobre la actuación del Gobierno como sobre el futuro medioambiental del Campo de Gibraltar.
