La pérdida de los topónimos en castellano en el ámbito administrativo y oficial de España es una cesión más al nacionalismo periférico. Se trata de una ideología que desde el siglo XIX bebió en las emponzoñadas aguas del racismo decimonónico, tal y como señala con precisión el doctor en Filosofía Jorge Polo Blanco a lo largo de su muy recomendable libro Románticos y racistas, y sigue hoy día envenenando la convivencia nacional.
Con el desarrollo del estado autonómico, se ha seguido una línea creciente de exclusión de la lengua española y de discriminación de sus hablantes en las comunidades bilingües, usando a modo de excusa el victimismo y la protección de lenguas minoritarias.
Un peldaño más de esta política que fragmenta a la sociedad en ciudadanos con derechos diferentes, en atención a la lengua, es la eliminación de los topónimos en la lengua koiné. Pese a sacar a relucir de manera recurrente —cual elemento sagrado e incontestable— las palabras pluralismo y diversidad frente a los elementos comunes, casualmente siempre caen en el olvido los derechos de los hablantes de la lengua española, como es el derecho a ser escolarizado en la lengua materna, señalado por la propia Unesco o, como en el caso que nos ocupa, el mantener los topónimos en la lengua común de todos.
De igual forma, para acallar al discrepante y anular cualquier argumento que pueda esgrimir, de manera recurrente —a manera de comodín deslegitimador— se le tilda de franquista, centralista o ultraderechista al reclamar el respeto a esa misma pluralidad y a la igualdad de derechos.
Es preciso recordar y puntualizar que las lenguas no son sujetos de Derecho, pero las personas sí y, llegados a este punto, comprobamos que hoy los nacionalistas periféricos oponen lenguas denominadas hábilmente en los textos autonómicos como «propias» (quedando la común en el mejor de los casos como la oficial en el imaginario colectivo), niegan la realidad histórica y lingüística de España, amparados por los que prefieren mirar para otro lado por mera conveniencia.
Coinciden unos y otros en el desprecio de los derechos individuales de los ciudadanos hispanohablantes, al aplicárseles políticas abiertamente discriminatorias que ignoran, claramente, incluso sentencias judiciales, lo que es más grave.
Así, don Gregorio Salvador, destacadísimo filólogo, acertó al señalar que el español es la lengua propia de toda España: «En lingüística se consideran lenguas propias de un territorio las que tengan en él un GLM (grupo de lengua materna) estable y de consideración. El español es lengua propia de toda España, no solo oficial como dicen algunos».
En este arrinconamiento de los topónimos en la lengua general, estos han sido arrojados hacia la cuneta del ámbito privado, para dejar, en el ámbito oficial de manera exclusiva, los términos en lenguas regionales. Sirva de ejemplo la Ley 3/1986, de 19 de abril, de Normalización Lingüística de las Islas Baleares, en cuyo artículo 14 establece: «Los topónimos de las islas Baleares tienen como única forma oficial la catalana.» Esto lo podemos hacer extensivo a otras comunidades autónomas.
De esta manera, con una política de hechos consumados, se obvia que la Constitución establece en su Artículo 3 que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Que se sepa, nuestro idioma es lo suficientemente capaz de haber generado topónimos en todo el territorio nacional e incluso hasta en los lugares más recónditos del mundo. Ello en atención a su desarrollo histórico; los hablantes de español, en atención al principio de jerarquía de las normas, tienen el derecho de usarlos incluso en el ámbito oficial en España.
En toda esta tragicomedia toponímica tiene lugar hasta la ironía… Así, podemos encontrar casos realmente sorprendentes como el del término Gerona, que se usó en el catalán medieval, uniéndose posteriormente el de Girona. Ambos nombres convivieron hasta el XIX, cuando se eliminó del catalán el primer término por identificarlo de manera errónea como un vocablo castellano. Cosas del nacionalismo catalanista, que ya apuntaba maneras nada más nacer.
Finalmente debemos señalar, que en esta cuestión, como en otras, los ciudadanos que desean usar el español en todos los ámbitos se ven abocados a comprobar lo que en román paladino se denomina la ley del embudo, por la que, hasta hoy, el abuso de poder y la desigualdad campan a sus anchas: mientras se imponen en exclusiva los topónimos en lenguas vernáculas para la totalidad del país, en los medios de comunicación oficiales de comunidades autónomas como Cataluña se usan los topónimos en catalán de localidades como Zaragoza o Huesca, a las que se les llama Saragossa y Osca
Recordemos que nuestro idioma no es patrimonio solo de los españoles, sino que pertenece a casi 600 millones de personas que viven en todo el orbe y que muchos topónimos se han reproducido en localidades ultramarinas y que, además, son la fuente de muchos apellidos. Que en España se desaparezca Vizcaya y se convierta en Biskaia implica un corte histórico con aquellos territorios en México o Venezuela que llevan el nombre, o que la Nueva Gerona cubana se quede huérfana.
Frente a todo esto es preciso posicionarse. Como indicaba el malogrado profesor Juan Ramón Lodares: «Recomiendo a los hispanohablantes que, mientras no haya una policía toponímica que nos detenga (no querría dar ideas) por decir Lérida o escribir Baracaldo sin k, no cedan en absoluto. No cedan: los diputados no son los amos del idioma. El que otras lenguas reconstruyan o inventen su toponimia no implica que el español tenga que perder la suya».
Se acabaron los complejos frente al supremacismo lingüístico excluyente que impregna a los que han puesto el idioma al servicio de sus ambiciones políticas, como señalaba el insigne Francisco Rodríguez Adrados, el cual también nos recordaba que «someter a las lenguas comunes a castigo y persecución es regresión. Mal para todos. Es ir contra la historia, el mutuo entendimiento y el progreso.»
Ha llegado la hora de exigir el pleno respeto a los derechos de los hablantes de español, para que esta vieja lengua de frontera de la Reconquista y que a finales del XV saltó al otro lado del Atlántico abriéndose al mundo prosiga en libertad su devenir para, como puntualizó Lodares: «Facilitar el entendimiento entre personas de las más distintas procedencias, costumbres, opiniones, colores y credos».
