Javier Chaparro revela una realidad preocupante en su artículo: el Gobierno español, lejos de proteger la soberanía nacional, se ha rendido a los intereses del Peñón y del Reino Unido. Mientras el Código Schengen exige controles estrictos para los ciudadanos de terceros países, en la Verja de Gibraltar se permite un incumplimiento flagrante. Los gibraltareños cruzan libremente, sin que se les exija pasaporte, justificantes de estancia, ni se sellen sus documentos, todo ello sin ninguna base legal ni instrucciones objetivas.

El Ministerio del Interior insiste en que «todo se ajusta a la legislación». Sin embargo, nadie en el Gobierno o en la Policía Nacional se atreve a firmar una orden que justifique esta práctica. Se trata de una política de alegalidad diseñada para no molestar ni las élites económicas del Peñón ni al Gobierno británico, a costa de nuestra soberanía y de la seguridad del espacio Schengen.

Esta situación responde a intereses muy claros. Gibraltar, vestigio colonial en pleno siglo XXI, utiliza su estatus privilegiado para mantener una economía basada en el dumping fiscal, el contrabando y la explotación medioambiental, mientras España mira hacia otro lado, en beneficio de unos pocos. Además, el Peñón, pieza clave en la estrategia militar de Londres en el Mediterráneo, se beneficia operativamente del paso sin control de militares y agentes británicos a territorio europeo.

El inspector jefe de la Policía Nacional en La Línea ha tenido el valor de denunciar esta situación, exigiendo que se apliquen los artículos 6 y 11 del Código Schengen como se hace en cualquier otro punto de entrada a territorio europeo. Su denuncia ha sido respondida con el más absoluto desprecio por parte de Interior y con insultos desde Gibraltar, que lo ha calificado de «rogue officer«, en un intento de desacreditar a quien simplemente pide que se cumpla la ley.

El argumento de que otros países europeos han suspendido Schengen no es aplicable aquí. Alemania, Francia o Austria endurecen controles por razones de seguridad; España, en cambio, los relajan para favorecer al Peñón, y como aceptación del chantaje de Picardo que gravita sobre los trabajadores españoles en el Peñón.

Es hora de actuar. España debe aplicar inmediatamente el Código Schengen en la Verja, sin excepciones que beneficien a Gibraltar. También es imprescindible recuperar la iniciativa diplomática para poner fin a esta «provisionalidad permanente”. Hasta que eso ocurra, la única esperanza reside en los tribunales, que deberán obligar al Gobierno a cumplir con su deber. La Verja no es una frontera, y Gibraltar no es un territorio soberano británico. Es territorio español bajo control colonial supervisado por la ONU, y cualquier gobierno que lo olvide estará traicionando no solo nuestra historia, sino también nuestro futuro.