El proyecto Eastside comenzó alrededor de 2005, impulsado por el gobierno de Gibraltar, con la intención de construir un gran complejo residencial de lujo con un puerto deportivo. Para España, este proyecto fue visto como una amenaza a su soberanía, ya que implicaba la ocupación de aguas españolas y podía afectar negativamente las playas de La Línea. España protestó de inmediato, pero la Comisión Europea, basándose en informes británicos, no aceptó las quejas. Sin embargo, en 2008, España logró que se declarara un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en las aguas españolas alrededor de Gibraltar, que incluía el área que Gibraltar planeaba rellenar.

Este LIC se convirtió en una Zona de Especial Conservación (ZEC) en noviembre de 2012, mediante un Real Decreto español que reafirmaba la soberanía española sobre esas aguas, las incluía en el plan europeo Natura 2000 y prohibía cualquier construcción que pudiera afectar el área protegida. Gibraltar ignoró estas restricciones, y en 2013, tras una protesta diplomática a Londres, España tomó medidas proactivas. Hasta entonces, el desarrollo de Eastside se realizaba con materiales provenientes de España, pero a partir de 2013 se prohibió la exportación de estos materiales a Gibraltar. En respuesta, Gibraltar comenzó a importarlos desde Argelia.

A pesar de esto, el proyecto fue perdiendo impulso debido al aumento de costos y la oposición del gobierno español, convirtiéndose en una gran montaña de escombros que fue un problema para Gibraltar.

En 2020, la situación cambió cuando la multinacional TNG Global Foundation adquirió los derechos del proyecto. Este cambio coincidió con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno en España y un nuevo enfoque hacia Gibraltar por parte de José Borrell, que buscaba resolver las tensiones en torno al Brexit. Este giro de política, más flexible respecto al proyecto Eastside, permitió que en 2022 TNG recibiera la aprobación para continuar con el desarrollo. Se trata de una lujosa urbanización con un puerto para megayates, destinada a competir con lugares como Sotogrande o Marbella, aprovechando las ventajas fiscales de Gibraltar. Durante todo este proceso, el gobierno español ha guardado silencio.

La construcción del puerto deportivo ya está en marcha y ocupará varias hectáreas de espacio marítimo español protegido, lo que causará daños irreparables a la vida marina y a las playas de La Línea y Gibraltar. Para llevar a cabo las obras, TNG Realty (Eastside) contrató a la empresa polaca Roverpol, filial del grupo multinacional Rover Grupo, cuya matriz es Rover Alcisa, una constructora española con larga trayectoria. Rover Maritime, otra empresa española del grupo, especializada en obra portuaria, también participa en el proyecto en asociación con MacMillan Ltd, una empresa de ingeniería local, también filial de una compañía española.

Los trabajos preparatorios ya están en marcha, dirigidos por la filial gibraltareña de otra empresa española, Sergeyco. Este caso es similar al del túnel del aeropuerto de Gibraltar: una gran infraestructura en un área de soberanía disputada, encargada a una multinacional española con la esperanza de suavizar los obstáculos legales y diplomáticos en Madrid.