El sector de los centros de datos vive en España un momento de auge sin precedentes. Madrid se ha consolidado como uno de los principales nodos digitales del sur de Europa, atrayendo inversiones multimillonarias, gracias a unos precios eléctricos competitivos y a su ubicación estratégica y la cercanía a los grandes mercados del continente. Según estimaciones recientes, la capacidad instalada ronda ya los 355 MW y podría multiplicarse por seis hasta alcanzar los 2.180 MW en 2030, con un volumen de inversión acumulada superior a los 58.000 millones de euros. A ello se suman proyectos en Cataluña, Andalucía, el País Vasco y Cantabria, con la promesa de transformar el mapa económico digital del país.
Pero este crecimiento no está exento de tensiones. El marco regulatorio europeo es cada vez más exigente: los operadores deben auditar su consumo energético, reportar el uso de agua, integrar indicadores de sostenibilidad y buscar fórmulas de aprovechamiento del calor residual. El Reglamento europeo de datos, en preparación, exigirá además transparencia y trazabilidad sobre la actividad de estas instalaciones, en un intento de evitar que se conviertan en vehículos de elusión fiscal o de competencia desleal. España, como Estado miembro, estará obligada a aplicar y reforzar estas exigencias, sometiendo a los operadores a un escrutinio creciente tanto por parte de las autoridades energéticas como de la Agencia Tributaria.
A este contexto se suma un obstáculo que amenaza con frenar el despliegue: la red eléctrica española muestra claros signos de saturación. Las distribuidoras eléctricas deberán publicar la capacidad disponible para nuevos proyectos industriales, de los que sólo los centros de datos implican solicitudes por 19 GW, y las expectativas son brutalmente negativas en cuanto a la capacidad de asumirlo. Las compañías eléctricas han advertido que las peticiones de conexión de los nuevos centros de datos superan la capacidad actual de transporte y distribución. Sin inversiones urgentes en la red, muchos de estos proyectos podrían quedarse en el aire. El contrasentido es evidente: España, con un potencial renovable envidiable y una ubicación privilegiada, ve cómo la falta de infraestructura de distribución y consumo energético pone en riesgo una oportunidad histórica de convertirse en polo digital continental.
El contraste con Gibraltar es llamativo. El Peñón ha anunciado un proyecto de dimensiones colosales: un centro de datos de Pelagos Data Centres con una inversión prevista de 1.800 millones de libras y una potencia instalada de hasta 250 MW, más del triple de la capacidad total de generación eléctrica de Gibraltar, que apenas ronda los 80 MW gracias a la central de North Mole. Allí no existen interconexiones con sistemas vecinos, ni renovables a gran escala, ni suelo disponible. La única fuente primaria prevista es el gas natural licuado importado por buques, una de las energías más expuestas a la volatilidad de precios y a las tensiones geopolíticas en los estrechos corredores marítimos que la abastecen.
Desde un punto de vista técnico y energético, el proyecto gibraltareño resulta incomprensible. Ningún operador de infraestructuras en Europa situaría un campus de datos de esta magnitud en un enclave aislado, sin red de respaldo, sin renovables a gran escala, y con un suministro dependiente al 100% de la cadena global de LNG y sus tensiones. Y sin embargo, el proyecto ha sido presentado como un “hito histórico” por el propio ministro principal, Fabian Picardo, y como una palanca para el futuro económico del Peñón por Joe Bossano. Los actores que controlan la ingeniería financiera del Peñón desde hace más de una década.
Claro que la clave no está en la red eléctrica, sino en la fiscalidad y la trazabilidad. Gibraltar ha construido durante décadas un ecosistema de bufetes, fiduciarias y sociedades opacas que permiten canalizar capitales internacionales con baja tributación y escasa transparencia. Un centro de datos de estas características no sería sólo un edificio de servidores, sino que podría ser una coartada para justificar la facturación de enormes volúmenes de servicios digitales de trazabilidad casi imposible para la Agencia Tributaria. A diferencia de España, sometida a las directrices europeas en materia de auditoría energética y fiscal, Gibraltar se beneficia de un estatus singular: fuera de la UE, pero con acceso a acuerdos que lo acercan al mercado europeo, puede presentarse como “innovador” mientras ofrece el mismo refugio fiscal de siempre.
Mientras España se ve obligada a afrontar el reto real de invertir en su red para sostener un despliegue regulado, transparente y auditable de centros de datos, Gibraltar promete un mega campus que desafía toda lógica técnica y energética. Con un marco tributario ventajoso y opaco en comparación con la UE, Gibraltar anuncia un centro de datos que permitiría facturar enormes volúmenes de “servicios digitales” —nube, alojamiento, procesamiento—, actividades difíciles de auditar, con el atractivo añadido de que las operaciones podrían producirse en cualquier lugar del mundo mientras los beneficios se declaran en el Peñón. La diferencia no está en la capacidad de producir servicios, sino en la capacidad de producir opacidad. Una pregunta: ¿Cuánta electricidad consumirá realmente el centro de datos de Pelagos y cómo lo sabremos?
