Artículo publicado originalmente en el 25 de agosto de 2025.
La inminente firma del acuerdo aduanero entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar se anuncia como el derribo del último muro de Europa. Bruselas, Madrid y Londres, con la pánfila mansedumbre de nuestro ministerio de Exteriores, proyectan que el texto definitivo quede listo en octubre, para ser ratificado en torno a la Navidad y entrar en vigor a comienzos de 2026. Un relato idílico que El País presenta como un triunfo histórico derribar un muro que ya empiezan a decir algunos «levantó Franco en 1969». Sin embargo, detrás de esa retórica de «nuevo comienzo», y la propaganda falaz de la «prosperidad compartida», se esconde un pacto que perpetúa los desequilibrios de siempre y que sacrifica los intereses de España en beneficio de Gibraltar, Reino Unido… y de la propia Comisión Europea.
Un acuerdo que viene con sospechosa prisa, permite a los gibraltareños un acceso pleno a España y a la Unión Europea, sin controles fronterizos sobre personas y mercancías, en un estatus en el que ni soñaban antes de 2016, cuando formaban parte de la UE. Londres conserva intacto su control soberano y militar sobre el Peñón, incluyendo el aeropuerto y las aguas españolas en torno al Peñón. Bruselas se asegura la aplicación de las aduanas exteriores y la inclusión en la unión aduanera.
¿Y España? En teoría nuestro país obtiene un papel en los controles aduaneros, y un compromiso de armonización fiscal y laboral. En la práctica, el acceso español a las aduanas dependerá de la voluntad gibraltareña, y todo parece indicar que los controles españoles se establecerán fuera del territorio bajo control británico, y siempre posteriores a unos controles gibraltareños a los que no se tendrá acceso. La equiparación fiscal real —sociedades, juego online y al régimen tributario sobre actividades fuera del Peñón— quedan en un limbo de «futuras negociaciones» en las que Gibraltar y la City jugarán, ya definitivamente, con las cartas marcadas tras sacar a Gibraltar de la lista gris de paraísos fiscales y aceptar su jurisdicción independiente. Tampoco se afronta el apartheid laboral y social que padecen los más de 15.000 trabajadores transfronterizos, pieza esencial de la economía gibraltareña, y a quienes ni Bruselas ni Madrid han defendido con seriedad.
Y luego la descolonización en el marco de la ONU. La frase de la Comisión Europea es demoledora: “No estaba, no podía estar sobre la mesa la soberanía, y este es el mejor acuerdo posible”. Borrell fue engañado en 2018. Que el brazo ejecutivo de la UE descarte de antemano cualquier debate sobre la descolonización de un territorio incluido en la lista de la ONU es una muestra de desinterés flagrante hacia un Estado miembro, que no sufrió Irlanda, por cierto. Mientras Londres y Gibraltar negociaban con el respaldo de Bruselas, España acudía desarmada, renunciando a toda ambición política o reclamación soberana. El resultado es un tratado que normaliza la anomalía colonial en pleno siglo XXI. A este déficit estructural se suma el uso partidista del proceso por parte del partido de Gobierno. Un alcalde socialista del Campo de Gibraltar con responsabilidades institucionales nacionales pide al PP que apoye el acuerdo en la Eurocámara, como si se tratara de un voto de confianza en clave nacional, y no de una cesión de soberanía con consecuencias profundas para la comarca.
Y nos queda el espejismo de la prosperidad compartida. Se nos repite que el acuerdo traerá prosperidad al Campo de Gibraltar. Pero, ¿qué prosperidad se puede esperar si se consolidan las ventajas fiscales y laborales del Peñón frente a su entorno? ¿Qué beneficio real obtendrá el Campo de Gibraltar, mientras Gibraltar siga siendo un polo de atracción de capitales que tributan en el Peñón, mientras aproveche mano de obra española precarizada y se preparan para la gran colonización de su hinterland, convertido a todos los efectos en el «Norweto» de La Línea y el «The Peak» de Sotogrande, mientras el discurso de «frontera franquista derribada» oculte que, en términos de justicia fiscal y laboral, la verja que los británicos levantaron en 1910 sigue más firme que nunca.
El pacto de junio, y su desarrollo jurídico, pasará a la historia como el momento en que España aceptó cerrar la cuestión gibraltareña en falso. Reino Unido y Gibraltar obtienen lo que querían; Bruselas protege sus intereses aduaneros y comerciales; y España, traicionada por un gobierno y unos políticos más preocupados por adivinar que pasará el lunes, se queda con el papel secundario de garante de un acuerdo que no resuelve sus demandas históricas ni su realidad fronteriza. El supuesto “último muro” que caerá en 2026 no es el de la Verja. El verdadero muro —el de la soberanía pendiente, la desigualdad fiscal y la discriminación laboral— sigue en pie, y este acuerdo no hace sino reforzarlo.
