
Artículo publicado originalmente en el 17 de septiembre de 2025.
Todos conocemos muchos enclaves donde la Hispanidad está secuestrada. Malvinas en el Atlántico Sur. Puerto Rico en el Caribe. El Esequibo en Suramérica, Belice en Centroamérica. La gran amputación continental del Suroeste de los Estados Unidos. Gibraltar en el Estrecho. Una mutilación del territorio hispano, transformada en colonias y protectorados. Y lo peor: la resignación con que tantos, en ambos lados del Atlántico, asumen esa pérdida, como si el despojo fuese natural o incluso honorable. Nos han robado la tierra y nos han convencido de que es un honor llevar la cadena. El síndrome de Estocolmo aplicado a los pueblos. Admirar al verdugo. Defender al ocupante. Sentir inferioridad ante lo anglosajón o lo europeo.
Ese síndrome se ha instalado en el debate sobre Gibraltar. Un trozo de España, reconocido como tal por la ONU desde 1967, pero administrado en la práctica como un paraíso fiscal intocable. El nuevo acuerdo aduanero entre la UE y el Reino Unido se nos presenta como un éxito de pragmatismo. Se nos trata de ocultar hasta dónde llega, pero todo parece indicar que estamos ante otra claudicación. Otra renuncia de la que seremos testigos horrorizados cuando el texto sea público, esperemos que, al menos, con una versión en español. Una rendición maquillada con la mención repetida a una “prosperidad compartida” que esconde un apartheid que nadie se atreve a negar.
¿Y cuál es el precio que se adivina en las medias palabras y las risas en Gibraltar y Londres? Primero: silencio absoluto sobre la descolonización. La ONU ha recordado una y otra vez que Gibraltar es un territorio pendiente de descolonizar. El acuerdo, en cambio, se comporta como si el Peñón fuera un mero expediente administrativo. Se actúa como si Gibraltar fuera simplemente un caso técnico de integración aduanera. Y mucho nos tememos que toda mención a eso haya desaparecido de cualquier texto que se haya discutido en los últimos cuatro años.
Segundo: España corre el peligro de reconocer de facto la soberanía británica sobre el Peñón y el Istmo. Londres no cede nada. Al contrario: España reconoce su control militar y jurisdiccional, no sólo del puerto sino del istmo, y facilita todos los movimientos de tropas, armas y activos militares, que quedarán bajo el paraguas de la legalidad europea.
Tercero: se otorga legitimidad institucional a la administración gibraltareña, tratándola como interlocutora. Eso equivale a dar a una colonia en territorio español el rango de estado, a la misma altura que el Reino de España.
Cuarto: la Unión Europea mira hacia otro lado. Es capaz de indignarse por cualquier frontera lejana, pero tolera sin discusión, centrada en sus acuerdos y negocios con Londres, que un Estado tercero mantenga un enclave colonial en suelo de un estado miembro. En territorio de la Unión. Solo se oye el silencio de unas autoridades europeas centradas en no molestar a la aun poderosa diplomacia británica.
El quinto riesgo es el más demoledor: España puede perder todo lo ganado en el Comité de Descolonización de la ONU desde los años 60. En su intento de proteger los intereses económicos del Campo de Gibraltar —intereses en demasiadas ocasiones ligados a las redes financieras y de elusión fiscal del Peñón—, puede estar renunciando a medio siglo de avances en la ONU. El Reino Unido aprovechará el acuerdo para proclamar que la cuestión colonial está “superada”. Que Gibraltar ya tiene un nuevo estatus. Que puede salir de la lista de territorios no autónomos. Y si eso ocurre, habremos perdido para siempre la batalla diplomática más importante desde Utrecht.
Mientras tanto, Gibraltar y Londres redoblan su apuesta en el mar. Quieren ampliar y consolidar la soberanía británica sobre las aguas, y la jurisdicción gibraltareña sobre el control policial. Más cesión. Más retroceso. Más humillación.
La pregunta es simple: ¿vamos a aceptarlo? ¿Vamos a cambiar soberanía por comarcalismo, dignidad por conveniencia, historia por pragmatismo? Porque seamos claros: lo que se negocia no es una simple aduana o 10.000 puestos de trabajo. Lo que se juega es la soberanía de una villa española arrebatada por la fuerza. Se trata de derecho internacional, de respeto a las resoluciones de la ONU, de coherencia con la propia idea de soberanía. Si España firma este acuerdo sin condiciones, habrá entregado la llave de Gibraltar y con ella el futuro de su posición ante el mundo.
La elección está sobre la mesa: Hispanidad o sometimiento.





