Gibraltar celebra, el PSOE asiente

El 40 aniversario de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, celebrado hace unos días, fue mucho más que un acto institucional. Fue una escenografía política cuidadosamente diseñada para proyectar la imagen de un Gibraltar victorioso, confiado, consolidado como actor internacional y capital indiscutible del Campo de Gibraltar. Los cuatro ministros principales gibraltareños vivos, Canepa, Bossano, Caruana y Picardo, en el mismo escenario, sonriendo, dando lecciones de convivencia… y presentando su victoria diplomática como una epopeya nacional. En suelo español, sin una sola voz crítica, y bajo el aplauso de las autoridades locales y la complacencia de los representantes socialistas.

Gibraltar ha desplegado toda su capacidad de comunicación y poder simbólico para presentarse como el gran vencedor en la negociación del futuro acuerdo aduanero entre la Unión Europea y el Reino Unido. La representación española fue mínima y complaciente. El Partido Socialista, que lleva el peso de la negociación, se presentó como único interlocutor político, en un tono de sumisión impropio de un partido nacional. Junto a ellos, el alcalde de La Línea, cuya situación económica y dependencia del Peñón lo obligan a aceptar cualquier fórmula que ofrezca oxígeno a su municipio.

Los hechos son tozudos. Gibraltar ha obtenido una serie de victorias concretas y medibles. Primero, el fin efectivo de los controles aduaneros hacia España, en un estatus con el que no podían ni soñar cuando eran parte de la UE. Los gibraltareños, y los británicos residentes en el Peñón, podrán circular libremente por territorio español sin someterse a las normas de Schengen, manteniendo además su domicilio fiscal en Gibraltar. En Gibraltar los bufetes de abogados ya están publicitando sus servicios para obtener una visa de residencia en Gibraltar que va a ser, no lo duden, tan valiosa como la de Mónaco. En otro marco, no menos importante, Gibraltar va a conseguir de España el reconocimiento implícito como entidad internacional autónoma, dotada de jurisdicción propia, y tratada como interlocutora institucional bilateral en igualdad de condiciones. Y eso en todos los terrenos, desde el fiscal al medioambiental, pasando por la jurisdicción judicial y el control de las aguas españolas.

Por añadidura Gibraltar seguirá disfrutando del uso libre y sin restricciones de la fuerza laboral campogibraltareña, sin que Gibraltar asuma obligaciones sociales ni fiscales con esos trabajadores españoles, que en muchos aspectos seguirán dependiendo del contribuyente español (educación, sanidad, paro, pensiones). Y por último, el mantenimiento intacto de la soberanía británica, despreciando los mandatos descolonizadores de la Asamblea General de la ONU, que España deja para un futuro ignoto al que nadie pone fecha, mientras la Unión Europea, la defensora de la solidaridad de los estados miembros frente a terceros estados que vean sus territorios amenazados, se desentiende por completo de la reivindicación española, y se limita a asegurar el comercio ordenado de acuerdo a sus reglas arancelarias.

Frente a estas concesiones, España no obtiene nada. Apenas algunos beneficios comarcales, como el acceso de los trabajadores al Peñón, la promesa de unos fondos sociales sin concreción, una falsa equiparación fiscal que no afectará a sectores básicos (bufetes, consignatarios, combustibles), la participación de empresas constructoras españolas en las obras gibraltareñas mediante filiales establecidas allí y el uso del Peñón como base societaria para operaciones de ingeniería fiscal.

Peor aún: crece la sospecha de que este statu quo beneficia a determinadas élites políticas y económicas españolas, relacionadas, curiosamente, con el PSOE, interesadas en conservar la opacidad de Gibraltar como enclave financiero. Los patrones se repiten: tramas de fraude del IVA en el diésel, compras masivas de terrenos rústicos en el Campo de Gibraltar con vistas a una monumental expansión urbanística, constructoras con sede en Madrid y filiales en el Peñón, bufetes que gestionan sociedades opacas cuyos accionistas figuran en paraísos fiscales caribeños. Todo encaja en un mismo mapa de intereses.

La llamada “prosperidad compartida” parece más bien impunidad compartida para unos pocos. Mientras Gibraltar refuerza su posición internacional, y conserva su capacidad de utilizar en su propio beneficio el capital laboral, territorial y fiscal español (y alguna vez se hablará del capital político, Barcelona explica muchas cosas), España renuncia a su derecho histórico y moral sobre el territorio. Y lo hace en nombre del pragmatismo, una palabra que a menudo encubre la rendición. Gibraltar gana soberanía; Reino Unido gana poder; la UE se desentiende; y España, una vez más, se aplaude a sí misma por perder mientras no pierde de vista los maletines. Nuestro sino los últimos 40 años.