El Eastside Project, un megaproyecto urbanístico de lujo en Gibraltar, está generando controversia por desarrollarse en aguas reclamadas por España, aunque cuenta con participación de empresas españolas en su construcción. El proyecto, que incluye hotel, viviendas, zona comercial y puerto deportivo, ha acumulado denuncias ecologistas ante la UE, la Fiscalía española y diversos organismos gubernamentales. TNG Global Foundation, una multinacional vietnamita, lidera el desarrollo que incluirá 1,300 unidades residenciales, puerto deportivo y una torre de 25 plantas.

Un juzgado de La Línea ha abierto diligencias previas por la ausencia de control de pasaportes para entrar en España desde Gibraltar. Esta situación, que permite a miles de gibraltareños acceder diariamente a España sin presentar pasaporte, viola el Código de Fronteras Schengen. Un inspector jefe de la Policía Nacional ha denunciado a sus superiores por prevaricación y coacciones, alegando recibir órdenes verbales para incumplir las normas. La juez Alba Serrano ha admitido la denuncia, mientras la Comisión Europea trabaja en un nuevo reglamento que podría desbloquear la situación. Este caso destaca los desafíos en la gestión de fronteras post-Brexit.
Preguntas relacionadas:
¿Qué impacto tiene la falta de control de pasaportes en la seguridad de la UE?
¿Cómo afecta esta situación a los trabajadores transfronterizos en Gibraltar?
¿Qué consecuencias legales enfrentan los policías que incumplen el Código Schengen?
¿Y quién tiene la responsabilidad última del incumplimiento de Schengen?
¿Qué papel juega la Comisión Europea en la regulación de las fronteras Schengen?

El Gobierno de Gibraltar ha arremetido contra España después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmara que los rellenos para el proyecto urbanístico Eastside representan «una violación de la soberanía e integridad territorial de España». El Ejecutivo gibraltareño defiende que estas obras se encuentran «sin asomo de duda» en aguas territoriales británicas y argumenta que la soberanía está respaldada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, rechazando las acusaciones españolas.

El Puerto de Algeciras enfrenta una encrucijada crítica ante la expansión de sus principales competidores. Mientras Tánger-Med planea mover 9 millones de contenedores anuales para 2025, duplicando la capacidad actual de Algeciras, y Valencia mejora sus conexiones ferroviarias, el puerto español lucha con infraestructuras obsoletas y retrasos en sus modernizaciones. La situación requiere acciones urgentes: la ampliación de la explanada de Isla Verde y la modernización del ferrocarril son clave para mantener su competitividad en el mercado mediterráneo del transporte marítimo.

La reciente autorización de la Junta de Andalucía para exportar piedras de una cantera malagueña hacia Gibraltar revela una paradoja en la política española. Mientras el gobierno central interviene activamente para proteger empresas como Talgo y Telefónica de la inversión extranjera, citando motivos de seguridad nacional, simultáneamente permite la utilización de recursos españoles para construcciones en aguas territoriales españolas en Gibraltar. Esta disparidad en el tratamiento de asuntos que afectan a la soberanía nacional plantea serias preguntas sobre la coherencia en la aplicación de políticas de protección de intereses estratégicos españoles.

El Gobierno español permite un incumplimiento sistemático del Código Schengen en la Verja de Gibraltar, donde los gibraltareños cruzan libremente sin los controles exigidos a ciudadanos de terceros países. Esta política de alegalidad, sin órdenes escritas que la respalden, beneficia a las élites económicas del Peñón y al Gobierno británico, mientras compromete la soberanía española y la seguridad del espacio Schengen. La denuncia del inspector jefe de la Policía Nacional en La Línea ha expuesto esta situación, recibiendo como respuesta el desprecio de Interior y descalificaciones desde Gibraltar.