El Tratado de Gibraltar de 2026, negociado para regular la integración fronteriza tras el Brexit, reconoce involuntariamente diez competencias institucionales gibraltareñas en derecho internacional vinculante: desde el Parlamento hasta los tribunales, pasando por las autoridades sanitaria y de datos. España —el Estado que reclama soberanía sobre el Peñón— ha firmado así el argumento que Gibraltar necesitaba ante el Comité de Descolonización de la ONU. El artículo 2 de salvaguarda protege la reclamación territorial española, pero no puede deshacer el reconocimiento de autogobierno efectivo construido en los 378 artículos restantes.